La Fiscalía del Estado comparecerá como acusación particular en una demanda separada presentada por un juez de la Audiencia Nacional tras el hallazgo de joyas guardadas en una caja fuerte en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El juez ha solicitado a la asesoría jurídica del estado que los solicite comparecer porque, además de por contrabando, se investiga un delito contra el erario público, y ahora comparecerán cumpliendo las normas habituales de Hacienda en estos casos.
Según informa El País y confirma elDiario.es con fuentes jurídicas, la Agencia Tributaria (AEAT) ha trasladado su criterio favorable de comparecencia a la Fiscalía Nacional, que escribirá a la Audiencia Nacional para aceptar la propuesta de Callama.
El 26 de junio se conoció la propuesta de Hacienda de incluir piezas separadas en las joyas incautadas a José Luis Rodríguez Zapatero. El juez señaló que Hacienda era una “víctima potencial” y, por tanto, debería tener la oportunidad de intervenir en el proceso para defender sus intereses.
“La naturaleza de los hechos investigados revela una pérdida de propiedad directamente relacionada con los ingresos del Estado”, explicó Callama en una orden. Se trata de un caso aparte del principal, en el que se investiga si Zapatero influyó en el rescate de 53 millones de euros de la compañía aérea Plus Ultra, porque los sujetos de la investigación no tienen ningún vínculo a priori con otros sujetos de la investigación.
En su declaración ante el juez, el exdirigente socialista pidió más tiempo para explicar el origen de las joyas y encontrar documentación que lo acredite. Cuando el juez le preguntó durante el juicio, dijo que en unos diez días podría hablar sobre los objetos encontrados en la caja fuerte, que provenía de su casa pero que la caja fuerte estaba en su oficina cuando fue registrada.
Los investigadores creen que las joyas pudieron haber sido importadas a España sin estar declaradas y sin pagar impuestos. La exsecretaria presidencial Gertrudis Alcázar dijo a agentes de la UDEF que el contenido de la caja fuerte formaba parte del legado familiar de Sonsoles Espinosa y formaba parte de un “regalo de viaje”. En ese sentido, sería clave que los elementos fueran de su etapa como presidente de 2004 a 2011, lo que prescribiría el delito. Las tasaciones cifran su valor en más de un millón de euros.