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La sentencia del Tribunal Supremo en el caso Mascarilas, que incluía una durísima sentencia contra el ex ministro José Luis Ábalos y su asesor de confianza Cordo García, tuvo amplias consecuencias para la política española y para un cuerpo legislativo cada vez más debilitado. él El Partido Popular celebró una reunión de su plana mayor cuando se conoció la sentencia judicial, argumentando que suponía finalmente “el fin de la huida”. Así lo afirmó el propio Alberto Núñez Fejo durante su comparecencia, donde volvió a pedir elecciones anticipadas urgentes, descargando “responsabilidad política” a Pedro Sánchez, quien dio todos los poderes al exministro y luego lo recolocó para que siguiera teniendo competencias. En privado, fuentes públicas aprobaron el trabajo y tesis de la defensa de la Fiscalía Anticorrupción, que fue el contenido del veredicto que finalmente se emitió por unanimidad. El Gobierno manifestó su voluntad de continuar, pero el Partido Primero de la Oposición entendió que la presión de este nuevo hito judicial entraba en una etapa inaceptable.

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