Juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama caso Madeirademandado Álvaro Romerocreador de la plataforma de inversión Madeira Investment Club (MIC).
Además, se encontraban otras nueve personas, entre las que se encontraban familiares del empresario, como su padre, tíos o socios.
Kalama atribuyó el crimen a Fraude grave y organización criminal Se les impuso un depósito de 247 millones de euros que deberán pagar conjuntamente.
en ello caso MadeiraLuego, el juez investigó a través del MIC el presunto esquema piramidal ejecutado por Romilo y los demás imputados. se cuantifica como algunos 185 millones de euros Un total de 3.062 inversores resultaron perjudicados.
Por otro lado, el año pasado, como él mismo confesó ante la Fiscalía, Romilo Dona 100.000€ al provocador Alvise Pérez para financiar su campaña en las elecciones europeas, en las que obtuvo un escaño en el Parlamento Europeo.
Ahora, Callama señala en la resolución que lo demanda que Romilo utilizó un seudónimo Cripto España“, “motivado por un afán de lucro ilícito, diseñó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerárquica de la cual sirvió como dirección y liderazgo”, que supuestamente utilizó para perpetrar la monumental estafa.
La red está integrada por el propio empresario y Borja Lara Varas, Alejandro Pérez Frías, Pedro Estanislao Bris García, Domingo Romillo Iriarte (padre de Álvaro); Juan Carlos Romillo Iriarte (su tío); Mihaela Munteanu Manole (su pareja), David Alcázar Jiménez, Rosa María de Olivera de Castro, Yolanda Nieto Galera y Juan José Moreno Ruiz.
El juez añadió: “Todos ellos, bajo instrucciones de sus dirigentes, desempeñaron funciones específicas encaminadas a atraer víctimas, gestionar la plataforma digital (Madeira Investment Club) utilizada como herramienta de fraude y ocultar los beneficios obtenidos”.
Como detalla Callama, el sitio web de la plataforma describe invertir a través de ella como “seguro” y “rentable”. De hecho, ofrece diferentes áreas de inversión: relojes de lujo, vehículos deportivos y de colección, inmobiliario, empresa nuevaoro y otros metales preciosos, whisky…
Madeira Investment Club ofrece altos rendimientos de hasta el 20%. Sin embargo, como concluyó el juez tras la investigación, estas donaciones monetarias fueron transferidas por miembros de la organización a cuentas controladas por Romilo y sus colaboradores, sin ninguna actividad inversora real.
Para lograr tus objetivos, Cripto EspañaEl autoproclamado gurú de las inversiones cuenta con diferentes canales de comunicación, como sus perfiles en TikTok o YouTube.
En su estrategia de marketing, también organiza eventos de gran envergadura. A uno de ellos, celebrado poco antes de las elecciones europeas de 2024, asistió Alvise Pérez, sosteniendo un megáfono y recomendando inversiones en MIC y el sector de las criptomonedas.
“El modelo de negocio ofrecido se basó en el fraude”, concluyó el juez. “La conducta de Álvaro Romero fue engañosa y su intención desde el principio de desviar fondos de los compradores fue simplemente atraer compradores”, señaló.
En su auto, Callama exigió a los 10 acusados el pago de una fianza conjunta de 247.349.230 euros para hacer frente a las responsabilidades económicas que podrían tener que soportar en caso de ser condenados. Este monto es el resultado de sumar un tercio al monto del presunto fraude establecido por la ley.
Mientras tanto, la Audiencia Nacional ha abierto una causa separada para investigar la transferencia de las cantidades fraudulentas y su posterior blanqueo, ya que esta parte del proceso aún está en su fase inicial.
Además, el juez solicitó múltiples comisiones de investigación (solicitudes de auxilio y documentos de autoridades de otro país) y dictó una orden europea de investigación.
Por ahora, Callama ha aceptado mantener a Romilo en una prisión temporal porque corre el riesgo de huir de España y repetir sus errores.
Mientras avanzaba La España, el tribunal nacional encontró una cuenta bancaria en Singapur que contenía 29 millones de euros, financiada por dos empresas portuguesas propiedad de Álvaro Romero y su padre respectivamente.
El juez sospechaba que parte de los beneficios del supuesto fraude acababan allí.