José Luis Martínez Guijaro, vicepresidente primero del Gobierno regional, destacó el aumento de población en el despoblado de Castilla-La Mancha desde la entrada en vigor de la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Fiscales de Despoblación. … y el desarrollo de las zonas rurales, hace hoy cinco años.
Como señala Martínez Guijaro en este aniversario, estas pequeñas ciudades han, en los últimos cinco años, hoy El número de residentes aumentó en 4.732 respecto a 2021En las cláusulas tipo se incluyen una serie de medidas tras su implementación para “garantizar los servicios públicos, los proyectos operativos y las medidas desde una perspectiva financiera”.
En concreto, en materia de garantías de servicio público, la vicepresidenta explicó que en los últimos cinco años estas regiones han mejorado más de 20 centros de salud y consultorios médicos y han abierto 88 botiquines. Entre otras cosas, dijo, estas pequeñas ciudades han abierto más de 100 jardines de infancia; abrió cinco nuevas residencias rurales en Elche de la Sierra, Chinchilla de Montearagón, Munera, Campillo de Altobuey y San Lorenzo de La Parrilla; o puso en marcha un servicio de transporte sensible a la demanda que da servicio a 337 núcleos de población y más de 54.600 habitantes “y ha sido utilizado por más de 160.000 viajeros”.
La ley, pionera por su carácter horizontal y considerada la primera en España y Europa para combatir específicamente la despoblación, incluía una medida que nunca antes se había utilizado: la fiscalidad diferencial. El objetivo de esta medida es hacer de las ciudades lugares atractivos para vivir.
En este sentido, combinando datos de las declaraciones de la Renta del año pasado, Martínez Guijarro ha recordado que más de 98.000 contribuyentes se beneficiaron de estas bonificaciones “en virtud de su residencia en estas localidades”.
Otro objetivo de la Ley de Medidas de Reducción de la Población es estimular el espíritu empresarial en las ciudades pequeñas. Por lo tanto, sus condiciones discriminan activamente a quienes optan por iniciar un negocio en zonas rurales, que reciben un 40% adicional de la ayuda total.
Esto significa que un total de 5.594 personas de zonas rurales se han beneficiado de la asistencia para la reconstrucción a lo largo de los años.
Reducción de población en el presupuesto.
En este sentido, los presupuestos autonómicos aprobados cada año desde 2022 cuentan con informes de impacto poblacional, que consolidan los presupuestos asignados por los ministerios para frenar la pérdida de población.
El presupuesto autonómico para 2026 destina 2.116 millones de euros, equivalentes a 5,8 millones de euros al día. Esto equivale a un cuarto de euro del techo de gasto presupuestario, el presupuesto efectivo, y supone que el 3,4% del PIB de la región se destinará a estas políticas.
Durante estos cinco años se han puesto en marcha las medidas y herramientas desarrolladas por el Gobierno de Castilla-La Mancha en esta guerra demográfica. Un ejemplo es la estrategia de reducción de la población, que cuenta con más de 200 acciones. De ello se deriva la Agenda de Desarrollo Urbano-Rural que está desarrollando el Grupo de Desarrollo Rural para acercar la lupa a reconocer las necesidades y fortalezas específicas de cada región, permitiendo así introducir iniciativas personalizadas en la lucha contra la despoblación.
El siguiente paso que se está llevando a cabo actualmente es la redacción del Código de Pequeños Municipios, que tiene como objetivo establecer un marco jurídico concreto para los municipios rurales, simplificar la administración y aclarar las medidas para seguir luchando contra la despoblación.
Vivienda, nuevos retos
Asimismo, el Primer Vicepresidente señaló que el aumento de la población en zonas escasamente pobladas ha provocado la necesidad de viviendas en estas localidades.
Para ello, en los últimos años, la administración distrital ha puesto en marcha un programa pionero para rehabilitar 11 propiedades municipales en 7 localidades del distrito y alquilarlas a precios asequibles, todas ellas ocupadas hasta el momento.
En este sentido, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma líder en la gestión del programa de rehabilitación de viviendas PREE 5.000 para ciudades de menos de 5.000 habitantes, con un presupuesto de 60 millones de euros y que ha beneficiado a 1.009 hogares y 3.450 personas.
El aumento de la demanda de vivienda en las ciudades más pequeñas “representa un nuevo desafío que estamos tratando de resolver”.