La Corte Suprema anuló el Registro Único de Alquileres, el censo estatal que recolectaba alquileres a corto plazo administrado por el Registro de la Propiedad, porque el estado no tenía autoridad para crearlo. La Sala de lo Contencioso Administrativo consideró que este procedimiento establecido por el Ministerio de Vivienda ante el crecimiento descontrolado de los pisos turísticos y la crisis inmobiliaria se solapa con el registro autonómico donde los propietarios inscriben dichas viviendas.
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