En España, actualmente hay más personas que nunca esperando una intervención quirúrgica. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, hay 853.509 personas, de las cuales 184.000 llevan más de seis meses en espera. La evolución de los datos durante la última década muestra que la paulatina reducción de listas y tiempos de espera se vio abruptamente interrumpida durante la pandemia, y todavía tenemos que recuperar nuestra posición anterior.
Absorber la ayuda retrasada es difícil ya que la pandemia satura los hospitales. Mientras las redes de atención de salud siguen debilitadas por el estrés de la crisis sanitaria y la posterior sobrecarga, la atención de salud pública también debe lidiar con un nuevo factor: el crecimiento demográfico en los últimos años. La mayoría de las comunidades implementan programas específicos para acortar las listas, pero el crecimiento de las necesidades y demandas relacionadas con los ciudadanos que envejecen ha superado el crecimiento de los recursos disponibles.
El resultado es que las listas de espera no han mejorado significativamente y son mucho peores que antes de la pandemia. Los procedimientos quirúrgicos programados se retrasaron 121 días. Aunque las condiciones son graves, porque significan que los pacientes no pueden disfrutar de la calidad de vida que merecen y corren el riesgo de empeorar su condición, en este caso, son condiciones que ya han sido diagnosticadas y manejadas. Aún más preocupante es el retraso en consultar a un especialista -la estancia media es de 102 días, o poco más de tres meses- porque el diagnóstico de la enfermedad depende a menudo del momento de la visita, y el pronóstico de la enfermedad depende del tratamiento precoz. En este contexto, vale la pena señalar que seis años después, todavía no hemos vuelto al tiempo de espera de 57 días de 2019. La proporción de pacientes que esperan más de 60 días para ver a un especialista tampoco ha mejorado: ahora representan el 61% de los que están en lista de espera, frente al 37,4% hace ocho años.
Estas cifras explican el creciente descontento con la sanidad pública reflejado en las encuestas de satisfacción de los usuarios. Es evidente que se deben realizar mayores esfuerzos para agilizar la atención y reducir los tiempos de espera. También hay que considerar que estas cifras ni siquiera reflejan la realidad completa. Esto no incluye los retrasos en la atención primaria, que sigue aumentando, ni el tiempo que tardan los pacientes en completar una batería de pruebas después de una visita, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento. Tampoco reflejan la situación de especialidades que son auténticos agujeros negros del sistema sanitario público, como la salud mental, donde los largos retrasos, incluso en la primera visita, pueden provocar un malestar emocional evitable en los pacientes y sus familias.
La gestión sanitaria es responsabilidad del municipio y la reducción de las listas de espera es una promesa electoral recurrente. Pero todos los gobiernos deben ser conscientes de que un crecimiento récord de estas listas podría, en última instancia, socavar un factor decisivo de la cohesión social: el sistema de salud pública.