Más de un millón de trabajadores esperan desde hace meses a que un órgano judicial europeo se pronuncie sobre sus condiciones de trabajo en el sector público y la inmovilidad de sus contratos, y un tercio de ellos sufre un empleo temporal (32%), … Las cadenas de contratos abarcan años, décadas o incluso años. toda tu vida laboral. Ahora, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha respondido a una impugnación planteada por el Tribunal Supremo sobre si la legislación española abusa de los contratos temporales y asegura que estos abusos no serán sancionados y no compensarán adecuadamente a los afectados, instando al Tribunal Superior a identificar otros medios de sanciones para compensar estas prácticas. deja la puerta abierta Pensemos en las reclamaciones de los afectados en los tribunales españoles.
El tribunal consideró que la cifra “Sin arreglar indefinidamente” Esta no es una sanción apropiada porque en ningún caso resuelve el problema de la precariedad de los trabajadores. Según el texto, los empleados continúan ocupando puestos temporales que finalizarán cuando se cubra el puesto, lo que no garantiza la estabilidad laboral que busca proteger la Ley de Sindicatos. Asimismo, la compensación extinción planificadase considera insuficiente un valor de 20 o 33 días al año (con límites máximos). Según el TJUE, de hecho, debe pararademás de no tener ningún efecto disuasorio real sobre el gobierno, impide la reparación total y adecuada del daño. También garantiza que estas indemnizaciones se paguen únicamente al finalizar el contrato, excluyendo así el caso de jubilación o dimisión mediante preaviso.
Los tribunales socavan las herramientas del gobierno español para acabar con el empleo temporal. No favorece “la conversión de estos contratos en contratos de trabajo no fijos y de duración indefinida; ni el pago de indemnizaciones a los trabajadores en caso de cese en la relación laboral; ni el sistema de responsabilidad en las administraciones públicas y los procedimientos selectivos que exigen la consideración de la experiencia previa del trabajador y del tiempo de servicio que ha dedicado al cumplimiento de la tarea”. Pero no menciona directamente como solución la conversión automática de estos trabajadores en empleados regulares, y la decisión final debe tomarla la Corte Suprema.
Tribunal español propuesto marzo 2024 La decisión preliminar del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre cómo hacer que los empleados públicos sean permanentes sigue a una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que condenó la legislación española por no prevenir adecuadamente los abusos del empleo temporal por parte de las administraciones públicas y propuso la permanenteización de los trabajadores afectados como solución. Hace un mes, el 22 de febrero de 2024, el tribunal de Luxemburgo falló en contra de la cuestión prejudicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que la normativa española sobre la temporalidad en el poder ejecutivo violaba la normativa europea.
En esta sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sostenido que la legislación española no previene suficientemente el abuso de la temporalidad por parte de las administraciones públicas, que puede conducir a una situación de precariedad en la que se encuentran empleados los trabajadores. “a lo largo de los años”. Señaló que la legislación española “carece de medidas adecuadas” para prevenir y sancionar los abusos derivados del uso continuado de contratos temporales (incluidas las prórrogas consecutivas de contratos indefinidos no fijos) de acuerdo con los estándares europeos y que “la conversión de estos contratos temporales en contratos indefinidos puede constituir una solución”. Por lo tanto, la opinión de Justicia para las Comunidades insta a poner fin a la flagrante precariedad contractual que existe entre los trabajadores del sector público que han servido al gobierno durante muchos años con contratos ocasionales y ad hoc.
goteo de frases
Una serie de sentencias publicadas en España negaron la indefinición de estos trabajadores tras apelar al requisito constitucional de obtener un empleo en condiciones de “igualdad, mérito y capacidad”, una postura que, según distintas declaraciones, ganó a la oposición. Esta serie de sentencias contradictorias llevó al Tribunal Supremo a elevar la citada cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en mayo de 2024, emitiendo una sentencia que sirve de guía para los tribunales españoles y reafirmando si los principios constitucionales de igualdad, mérito y competencia violan los estándares europeos, que estipulan que los empleados con contratos temporales superiores a dos años deben convertirse en trabajadores fijos.
Mil millones de fondos europeos
Ha habido un compromiso de larga data de eliminar el empleo temporal fuera de control en el sector público, pero el incumplimiento se ha producido repetidamente. Hoy en día, el gobierno sigue abusando del empleo temporal, que está muy por debajo del 8% exigido por los estándares europeos, lo que significa que España se verá recortada en hasta mil millones de fondos europeos. En 2021, el gobierno lanzó un plan de impacto para reducir la temporalidad a través de la ruta rápida, cuando la tasa de temporalidad había alcanzado el 30%, para dar cabida a las personas empleadas temporalmente. Alcanzará el 8% a finales de 2024un compromiso incluido en el plan de recuperación acordado con Bruselas. “Acabaremos con la temporalidad excesiva en el sector público”, afirmó la exvicepresidenta primera María Jesús Montero, quien defendió la implementación de leyes de estabilización laboral porque “nadie con un puesto estructural en el gobierno puede aceptar la temporalidad”. El problema aún no se ha resuelto: los tipos impositivos en el sector público son el doble que en el sector privado.
Y el problema no hace más que empeorar. Cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 ya prometió luchar duro contra el trabajo cortoplacista. Este es también el espíritu de las reformas laborales de 2022, que deben lograrse mediante legislación en el sector privado, mientras en el sector público miles de trabajadores llevan años sirviendo al Estado sin puestos permanentes y con contratos temporales.