Javier HerreroEl exdirector de la Dirección General de Carreteras (DGC) no tiene nada que ver con los sobreprecios impuestos a varios contratos de obras públicas que están siendo investigados por el Ministerio de Justicia por presunta manipulación.
Los abogados de Herrero señalan en un artículo que de las sentencias que preocupan a la audiencia nacional, sólo dos fueron revisadas cuando el ex alto funcionario lideraba la carretera.
De igual forma, el abogado Jesús Mandri enfatizó que “la propiedad de (seis) contratos pertenece a Ministerio de Transporteno de la Dirección de Carreteras”.
Si bien el abogado sí reconoció que la DGC tuvo “una intervención extraordinaria en la definición técnica del proyecto y en su ejecución material”, destacó que, según la ley, “La responsabilidad recae en los organismos contratantes, es decir, el Ministro y el Secretario de Estado”.
De hecho, Mandri “mencionó específicamente el mandato de intervención y las funciones de la Fiscalía del Estado para garantizar la legalidad presupuestaria y jurídica”.
Breve resumen de los cargos defendidos por Javier Herrero.
“Corresponde, por tanto, al órgano de contratación (Ministerio de Transportes) aprobar el pliego de condiciones administrativas generales, que incluyen los criterios de adjudicación y la fórmula de evaluación de las ofertas”, se lee en la carta, obtenida por el Corriere del Rey.
“El órgano de contratación aprueba financiera y finalmente la adjudicación del contrato y sus modificaciones”, añadió.
Esta carta fue enviada al juez Ismael Moreno, instructor de esta convocatoria caso kodoe investigó al exministro de Transporte Herrero y otros José Luis Ábalos y sus principales asesores, Cordo García.
En marzo del año pasado, la Administración General del Estado (IGAE) emitió un informe a la justicia nacional sobre una serie de supuestas adjudicaciones fraudulentas.
En este sentido, el abogado de Herrero explicó que su cliente era el director de Carreteras cuando se aprobaron modificaciones para “sólo dos contratos”: uno para la autovía A-32 (Linares-Albacete) y otro para la autovía A-63 (tramo Saras-La Espina).
El documento destaca que los porcentajes de estos recargos ascienden al 4,80% y 9,35% respectivamente. Esto está muy lejos de las revisiones de otras ofertas cuestionables, que alcanzaron el umbral que ya requería una opinión del Departamento de Estado por unas pocas milésimas (20 por ciento).
Los abogados de Herrero informaron que para modificar el precio de las obras una vez adjudicadas era necesario contar con la presencia de su director facultativo, ingeniero civil de profesión, y “representar a la entidad contratante durante toda su ejecución”.
El sumario de cargos destaca que esta persona fue “el primer y último responsable de la propuesta modificada que se tramitó”.
Destacó que la Dirección General de Carreteras “no aprobará técnicamente la propuesta revisada” antes de recibir el visto bueno de la “intervención encargada” de la Fiscalía del Estado y del organismo especializado en el control de la gestión económica de las entidades públicas.
Finalmente, el documento destaca que la DGC “no tiene competencia sobre la evaluación, puntuación y adjudicación de contratos”.
Los abogados de Herrero concluyen: “En cuanto al contenido de las modificaciones, la Dirección General de Carreteras sólo dio “la aprobación técnica” a propuesta del Director de Obras y previa intervención de la Comisión y un “informe positivo” de la Fiscalía del Estado.
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