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Colombia no se queda quieta luego de que Bolivia decidiera expulsar a su embajadora Elisabeth García. Aproximadamente 12 horas después de que el gobierno de La Paz tomara su decisión, la Oficina del Primer Ministro en Bogotá tomó la misma decisión. Pero lo hizo en un tono diplomático, sin exagerar. El presidente Gustavo Petro no anunció la noticia

El inicio del documento del 20 de mayo dice: “En vista de las recientes decisiones adoptadas por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia respecto de la condición permanente del Embajador de Colombia en ese país, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia se ve obligado a declarar de manera recíproca el cese de sus funciones a favor del señor Ariel Percy Molina Pimentel”.

Con mayor dureza, la entidad que preside Yolanda Villavicencio negó los reclamos del gobierno de Rodrigo Paz, que defendió la supuesta decisión de Petro de “interferir” en los asuntos internos de Bolivia. Bolivia atraviesa una crisis política, con su capital efectivamente sitiada debido a las protestas de los seguidores del ex presidente Evo Morales. “Ningún funcionario o miembro del gobierno nacional tiene interés o intención de interferir en los asuntos internos de Bolivia”, dijo Bogotá.

La ruptura diplomática entre Colombia y Bolivia comenzó el fin de semana, cuando Petro publicó un video en X que muestra la perspectiva de los manifestantes durante el asedio de casi tres semanas a La Paz. El gobierno boliviano, a través de su Cancillería, calificó las publicaciones como “desinformación” y señaló que Petro “hizo juicios de valor utilizando términos que violan el derecho internacional”.

Petro es el único actor en el escenario internacional que apoya las movilizaciones que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz. En cambio, tanto el gobierno argentino como el estadounidense han expresado un fuerte apoyo al presidente de centroderecha. “Argentina apoya al pueblo boliviano y apoya a las autoridades democráticamente elegidas en su lucha contra quienes buscan desestabilizar y bloquear el camino hacia la libertad y el progreso”, dijo el sábado el presidente argentino Javier Milley.

La Casa Blanca, por su parte, ha adoptado un enfoque más duro ante el levantamiento de organizaciones y movimientos sociales que exigen una mayor inclusión en las políticas de paz. “No permitiremos que criminales y narcotraficantes derroquen a los líderes democráticamente elegidos de nuestro hemisferio”, escribió el miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la revista X.

La crisis social y política se ha agravado en los últimos días. La semana pasada, Morales se negó a testificar en su juicio por presunto tráfico y abuso de niños y se instaló en la región cocalera del Chapare para evadir una orden de arresto.

En un esfuerzo por tranquilizar a la nación, el presidente Paz anunció el miércoles un cambio de gobierno luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) denunciara intentos de “desestabilizarlo”.

El gobierno de Petro sigue dispuesto a actuar como mediador si es invitado. Pese al claro rechazo de las autoridades bolivianas, el Ministerio de Relaciones Exteriores en su último comunicado “reafirmó el compromiso del gobierno colombiano de mantener los canales diplomáticos disponibles a través de los cuales se mantienen relaciones bilaterales amistosas desde hace más de un siglo”.

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