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Hay recursos económicos y financieros, pero no hay flexibilidad administrativa para dirigirlos hacia la restauración y mejora de la infraestructura destruida en el desastre del 29 de octubre de 2024. Los enormes esfuerzos de inversión del gobierno no van acompañados de los recursos y la capacidad administrativa para traducirlos rápidamente en proyectos que beneficien a los ciudadanos. Lorena Silvent, alcaldesa socialista de Cataroja, uno de los pueblos más afectados por las inundaciones en Valencia que se cobraron 231 vidas, lamentó que al ritmo actual se tardarían “14 años en volver a la normalidad”.

En una entrevista publicada por El País el 21 de abril, el alcalde ya expresó el problema urgente de la dificultad para utilizar los fondos aportados por el Ministerio de Política Territorial (138 millones de euros) y el Ministerio de Transición Ecológica (70). El jueves ofreció una rueda de prensa para presentar su caso y ofrecer más datos sobre una recuperación que se ha visto obstaculizada por la “parálisis administrativa, burocrática y de personal”.

Cuando estos proyectos finalmente se implementen (38 informes han sido evaluados y 23 aprobados, una tasa de implementación del 1%), los plazos establecidos por el gobierno tendrán que ampliarse y Cataroha tendrá la mejor infraestructura de su historia, incluida la nueva red de alcantarillado más urgente. Pero para lograrlo es necesario cambiar el modelo de los diez municipios “más afectados” por el cañón, dotándolos de “mecanismos especiales” para la ejecución de proyectos a través de planes especiales más flexibles y dinámicos en plazos y procedimientos. Se refiere a los municipios de Cataloja, Paiporta, Al Fafar, Massanasa, Benetousel, Sedavi, Chiva, Util, Alhemei y Letour. Como la mayoría de las ciudades afectadas por Dana, el presupuesto de Cataloha “se multiplicó por diez”.

El alcalde reconoció el enorme esfuerzo inversor del Gobierno en los ayuntamientos para “liderar el proceso de recuperación” pero pidió al Gobierno que trabaje más. Lamentó las acusaciones del Gobierno contra el Gobierno central por considerarlo “incapaz” de liderar la reconstrucción. No entiende por qué el Gobierno regional no puede priorizar la construcción del Colegio Público Berenguer Dalmau, que fue derribado por vandalismo, y que estará listo para el curso 2028-2029 y ha sido finalizado en colaboración con la oficina de Labora.

Sus exigencias chocaron con el Ministerio de Finanzas, que argumentó que no era “común” implementar procedimientos de emergencia porque pondrían en peligro los fondos europeos: “Europa penalizará los procedimientos de emergencia siempre que exista la posibilidad de evasión”.

Svante cree que la ralentización del proceso se debe también a la “cautelosa” “aprobación de determinados procedimientos” por parte de funcionarios estatales autorizados (secretario municipal, auditor y tesorero), así como a la “multiplicación” de los procedimientos internos en Tragsa, empresa pública que ejecuta de forma centralizada la mayoría de los proyectos. Contratar arquitectos e ingenieros es muy difícil, y estos profesionales son los más necesarios para aprobar y agilizar los proyectos, ya que muchas veces prefieren empresas privadas que pagan mejor, o buscan estabilidad antes que empleo temporal.

Además de denunciar esta situación, el alcalde también quiso destacar los proyectos “prioritarios” en el proceso de recuperación de Cataroha, que han movilizado más de 25,4 millones de euros en inversiones. El Teatro Cataroja (TAC) permanece cerrado y se invertirán 9,09 millones de euros en rehabilitación y mejora de instalaciones, eficiencia energética y climatización. El proyecto TAC ha sido aprobado y espera adjudicación.

Una inversión de 7,5 millones en la piscina cubierta se destinará a la reordenación de la piscina del Polideportivo Municipal, ya que es “la zona menos dañada de Dana” y permitirá conectar todas las actividades deportivas. El informe está a la espera de la aprobación del ministerio ya que la concesionaria no ha proporcionado documentos.

En el caso de la escuela de adultos (EPA), cuyo edificio está protegido, la reconstrucción se realizará en dos partes con una inversión de 1,750 millones de euros. El edificio catalogado será restaurado y la parte descubierta se utilizará como sala de conferencias y proporcionará una gran biblioteca y laboratorio “adecuados”. En el caso de la Plaza Mayor, que cuenta con una inversión de 7.870 millones, se transformará para afrontar las exigencias del cambio climático, se transformarán las tomas de agua y se mejorará el firme que actualmente no es apto para el uso de la plaza. El alcalde confía en que todos los proyectos mencionados se pongan en marcha o se adjudiquen en el último trimestre de 2026.

Tras los daños, el ayuntamiento gastó casi 1 millón de euros en medidas de emergencia en materia de aguas residuales, y el Departamento para la Transición Ecológica asignará 5,7 millones de euros la próxima semana para empezar a mejorar la infraestructura.

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