La aceptación de 135.000 ucranianos ejerce una presión cada vez mayor sobre los Países Bajos: se acumulan los costes, el espacio limitado y una maraña de normas. Si bien el gobierno quiere permitir estancias más largas, los municipios luchan con esta práctica. La Asociación de Municipios Holandeses (VNG) también hace sonar la alarma sobre la implementación. “Será un ‘big bang’”, advierte la presidenta Sharon Dijksma.
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