La UCO de la Guardia Nacional descubrió 1.288 mensajes de WhatsApp entre 2020 y 2025 de Mikel Torres, socialista de Portagalete Leire Díez y vicepresidente segundo del Gobierno vasco que está investigado por corrupción. Torres, jefe de la sección socialista de la comisión ejecutiva del Sindicato Imano Pradales y líder del PSE-EE en Vizcaya, llevaba muchos años siendo alcalde de Portugalete, donde se reunieron. La policía judicial destacó contenidos de estas conversaciones relacionados con el rescate de Tubos Reunidos, aunque no dio ningún indicio de que dirigentes del PSE-EE hubieran tomado alguna medida al respecto. Fuentes cercanas a Torres declinaron hacer comentarios.
Aunque Díez ocupó por primera vez cargos públicos en Cantabria, es de Portugualete y suele participar allí en actos del PSE-EE, como el Primero de Mayo. Este pequeño pueblo del área metropolitana de Bilbao es un feudo socialista. Torres fue alcalde de 2008 a 2024, cuando se incorporó al gobierno vasco. Es también la casa natal del Lehendakari Patxi López y la residencia de Eneko Andueza, actual secretario general de Bascardi.
Diez formó un grupo llamado Hirurok con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario guipuzcoano Antxon Alonso. La Guardia Nacional aumentó a 250.000 euros la comisión supuestamente recibida por Fernández Guerrero por el rescate de la empresa Amurio Tubos Reunidos en 2021 y por la renegociación de la devolución de intereses en 2024. La empresa reconoció los pagos.
El informe de la UCO sobre Tubos Reunidos de mayo destacaba únicamente información relacionada con la empresa y los intereses que habían entrado en segunda fase. Días después de asumir como vicepresidente, el socialista andaluz Fernández Guerrero pidió a Diess reunirse con “Mikel” y el director de la empresa, Jesús Pérez Rodríguez Urrutia, uno de los tres imputados. “¿Puede concertar una reunión con él y Jesús Urrutia? Informalmente. Muy bien”, dijo en un mensaje el expresidente de la SEPI. “Lo intento”, dijo. “Él no pide nada. Simplemente se pone en situación. La próxima vez pedirá (…) pero así lo empoderamos (y también nos empoderamos)”, explicó Fernández Guerrero.
Torres dirige los departamentos de economía, trabajo y empleo, pero la política industrial la gestiona el PNV a través del consultor Mikel Jáuregi. Fernández Guerrero, por su parte, cometió este error en las notas que guardó en Drive: “Presión política ejemplar. El Departamento de Industrial del Gobierno Vasco presentó al PSE el nombramiento de alcalde de Portuguale. Mikel Torres era el responsable del departamento y vicepresidente. Mikel Torres, a través de Leire Díez, concertó una reunión con él los días 24 y 25 de julio”.
La Guardia Nacional no ha encontrado rastros de aquella reunión, pero sí descubrió una conversación sobre Tubos Reunidos entre el vicepresidente y Deeds meses después, en octubre de 2024. Previamente, en septiembre, Fernández Guerrero -que reclama a la empresa un nuevo “sucess fee”, es decir, un nuevo pago por su esfuerzo- insistió en mantener abierto el canal también “con el vicepresidente de GV”.
Ese otoño, Deeds encontró a Tubos-Renidos con “ayuda de otras fuentes”. En este caso, insistió en que Torres preste atención a la situación de los directivos de la empresa. “¿Recuerdas el día que nos reunimos que te hablé de la posibilidad de reunirte con Jesús Urrutia, el concejal coordinador de Tubos Reunidos? Podrías verlo en algún momento de la tarde del miércoles (miércoles 30). Si es posible, ¿podrías decirme cuándo? Me insistió. La situación TTRR es complicada” (sic), envió un mensaje Díez vía WhatsApp al vicepresidente.
La Guardia Nacional volvió a reconocer que “no descubrió conversaciones de seguimiento que pudieran confirmar o desmentir la eventual convocatoria de esta reunión”, pero sí confirmó que Torres y Deez intercambiaron 1.288 mensajes, dados los equipos incautados en la segunda reunión e incluidos en el escrito del caso dirigido por el juez del Tribunal Superior Central Santiago Pedraz.
En noviembre de 2024, Carlos López de las Heras, director general de Tubos Reunidos, se hizo cargo del diálogo con Díez y Fernández Guerrero. Les dijo que la situación de la empresa era crítica. Ni siquiera se descarta el procedimiento de quiebra. “Se lo he enviado tal cual a Santos y Mikel”, escribió. Según la UCO, Santos es Cerdán. Según la Guardia Nacional, este fue el origen de una reunión con directivos de la empresa en Ferraz, que acabó con el pago de otros 40.000 euros a la trama, que Tubos Reunidos no desmintió.