El fin de las ayudas fiscales a la electricidad y el gas natural, y el previsible fin de las ayudas fiscales a los combustibles a finales de este mes, confirman una realidad preocupante: muchas medidas adoptadas durante tiempos de tensión energética no abordan los problemas subyacentes, sino que los retrasan. Los hogares y las empresas ahora enfrentan facturas crecientes debido en gran parte a la inflación evitada por recortes fiscales temporales hace apenas unos meses. Estas intervenciones pueden estar justificadas en circunstancias particulares, pero prolongarlas conlleva costos. Al suprimir artificialmente las señales de precios, se debilitará el incentivo para ajustar el consumo ante los “shocks” de la oferta, y será difícil para los hogares y las empresas adaptarse a las nuevas realidades energéticas. Además, las exenciones fiscales crean una ilusión de protección que desaparece cuando expira la ayuda. Luego reaparecieron los problemas originales, junto con un repunte estadístico de la inflación. La gobernanza no se trata de cambiar los costos en el calendario, sino de afrontarlos de manera sostenible.
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