La Volaera, asociación granadina dedicada a la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente de las víctimas de machismo y violencia sexual, ha puesto en marcha una iniciativa para documentar los casos de mujeres que han sufrido el fracaso de las pulseras antiabuso. A partir de su testimonio pretende presentar una demanda colectiva ante la Autoridad Española de Protección de Datos por posibles errores de seguridad en el tratamiento de los datos personales de las víctimas. María Martín, presidenta de la organización, dijo al diario: “Las demandas que nos hicieron fueron la voz de las víctimas, que todavía están aterradas por los problemas con los equipos”.
La asociación publicó un formulario “cifrado y completamente seguro y confidencial” para identificar a las mujeres afectadas y publicó una dirección de correo electrónico (juridicovolaera@gmail.com) a la que sólo puede acceder una mujer de un equipo de juristas que asesoran voluntariamente a La Volaera (entidad que no recibe subvenciones públicas para mantener su independencia) para poder contactar con ellas. a posteriori. “Queremos conocer de primera mano cualquier caso de errores de ubicación, desconexiones, falsas alarmas o pérdida de datos que hayan ocurrido y continúen ocurriendo desde los cambios en el servicio, que es tan sensible e inevitable como lo es proteger la vida y la seguridad de las mujeres de abusadores y depredadores sexuales”, dijo Martin.
El objetivo de la asociación es presentar una denuncia colectiva y examinar la viabilidad de iniciar un proceso de responsabilidad financiera contra el Departamento de Igualdad, que según Martin es el culpable del problema y no excusará la aparente insensibilidad hacia las víctimas, minimizando así el alcance del fracaso y los temores de las mujeres. La ministra Ana Redondo conoció la noticia durante una visita a Granada a mediados de noviembre y la increpó asegurando que era “cómplice de los asesinos”.
“Es la tortura institucional, es la incertidumbre de la vida cotidiana, es el miedo porque falta el brazalete, porque no se quita, no es sólo su dolor, es el dolor de toda la familia”, dijo Martin. Llamó la atención sobre “los grupos de abusadores en WhatsApp e Instagram que se quedan a ver cómo se manipula la pulsera. El Estado es cómplice”, insistió.
Lavolera también quiere dejar claro con esta medida que el número de mujeres afectadas por la sentencia del Gobierno es inferior al total de víctimas. “El subrepresentante del gobierno de Granada nos dijo que solo hay dos mujeres en la provincia y ya tenemos cinco casos documentados y nos están llamando de más lugares”, dijo Martín. “Este es el grito de las mujeres que no quieren soportar más injusticias”, añadió el presidente, pidiendo a los afectados y “cualquier persona que conozca a una mujer que pueda estar en esta situación que la anime a sumar su testimonio”.
“La participación es fundamental para exigir rendición de cuentas y mejorar la protección de todas las mujeres”, subrayó Martín, recordando cómo Lavolela no dudó en llamar la atención sobre todos los fallos y fallas del sistema de protección a las víctimas de violencia machista.
En lo que va del año, 41 Las mujeres son asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que comenzaron las estadísticas oficiales en 2003, un total de 1.336 femenino.
El teléfono 016 presta ayuda a las víctimas de violencia machista, a sus familiares y a su entorno las 24 horas del día, durante todo el año, en 53 idiomas diferentes. El número no está registrado en la factura del teléfono, pero la llamada debe eliminarse del dispositivo. También puedes contactar vía email 016-online@igualdad.gob.es O llama al 600 000 016 vía WhatsApp. Los menores pueden contactar con la Fundación ANAR en el 900 20 20 10. En caso de urgencia, pueden marcar el 112 o los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Si no puede realizar una llamada, puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta geolocalizada a la policía.