La información que publica hoy ABC según la cual el Instituto de la Mujer depende de la lista de subvenciones del Departamento de Igualdad (la gran mayoría de las cuales se conceden manualmente, sin concurso público) es chocante. Desde 2003, la distribución de subvenciones en España ha seguido los principios de apertura, competencia y no discriminación. En casos excepcionales, la ley permite que se concedan directamente siempre que estén justificados por un acuerdo firmado o determinados por un texto legal. Dado que la distribución de los fondos públicos por parte de las organizaciones para la igualdad ha sido tan errática (primero por Irene Montero, luego por la socialista Ana Redondo) y la selección de los ganadores tan extraña, no sólo vale la pena cuestionar la relevancia de esta ayuda, sino que corre el riesgo de rozar la malversación de fondos, ya que no son adecuados para su propósito. De hecho, se trata de un fracaso de todo el sistema: quienes delegaron poderes de auditoría fracasaron debido a su sectarismo, y todos los mecanismos de control interno fallaron: ni el Tribunal de Cuentas, ni la Fiscalía ni la Inspección General fueron capaces de llevar a cabo eficazmente estas tareas de auditoría.
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