El Departamento de Igualdad actualizará su mapa de cobertura de seguimiento de pulseras antiabuso y dispositivos controlados telemáticamente para conocer la localización exacta de infractores machistas con órdenes de alejamiento. A través de esta iniciativa se pretende mejorar la cobertura, especialmente en las zonas rurales. El Consorcio Temporal de Empresas (UTE) encargado de monitorear el sistema Cometa de estas pulseras será el encargado de actualizar el mapa de cobertura del dispositivo. Además, deberás tener actualizaciones periódicas con todos los operadores nacionales de la industria.
En declaraciones a Europa Press, Esther Rojo, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General de Justicia (CGPJ), afirmó que las mejoras se solicitaron esta semana porque el fallo de geolocalización de las pulseras era una de las “incidencias más habituales”. Una portavoz de Igualdad aseguró que la iniciativa partió del ministerio.
Según la nota de igualdad, el nuevo mapa también incluirá informes que se entregarán a la policía para promover la “colaboración integral de las agencias” para combatir la violencia machista. Los resultados de estos informes también se comunicarán al Observatorio de Violencia de Género del CGPJ para su difusión a “todas las autoridades judiciales” junto con la delegación del Gobierno contra la violencia de género de la que depende el sistema Cometa.
El sistema Cometa fue creado para vigilar a agresores machistas que estaban sujetos a órdenes de alejamiento. Esto se hace mediante un brazalete que geolocaliza a ambas partes y notifica a las autoridades cuando la persona abusada se acerca a la víctima. Sin embargo, la utilidad de estos dispositivos ha sido puesta en duda desde que se descubrió la falla el pasado mes de septiembre, lo que significa que los movimientos de los atacantes no se conocerán hasta dentro de varios meses, hasta el 20 de marzo de 2024.
Los incidentes se produjeron porque el departamento cambió la empresa que los gestionaba y actualizó algunas características de los dispositivos y servicios, lo que provocó las vulnerabilidades. Uno de ellos es que las zonas rurales están más desprotegidas porque al cambiar de proveedor, muchos proveedores no tienen cobertura, lo que significa que las alertas tardan más en llegar a las víctimas y la ubicación de los atacantes es inexacta. El nuevo plan anunciado por el ministerio intenta resolver temporalmente esta parte del problema, ya que los contratos con los proveedores actuales permanecerán vigentes hasta mayo de 2026.