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“Esto confirma la considerable ira que quería expresar”. Así acusó el dirigente de la UGT, Pepe Álvarez, al Gobierno de retrasar el cumplimiento de diversos acuerdos alcanzados con los sindicatos. En particular, tras la aprobación del decreto que endurece el registro de la jornada laboral, este habría sido “paralizado” en la Administración de la Unión. Para ello instó directamente al gobierno del presidente Pedro Sánchez a levantar el bloqueo. “Es imposible que se quede en un cajón”, insistió. El Departamento de Trabajo, por su parte, niega retrasos u obstáculos.

El secretario general de la UGT celebró este jueves su habitual rueda de prensa a principios de año, donde advirtió por primera vez que las acciones del presidente estadounidense, Donald Trump, violaban los derechos humanos y la legalidad internacional. Álvarez denunció el “secuestro” de Maduro y acusó a Estados Unidos bajo Trump y a Rusia bajo Putin de haber “acordado que los países que los rodean deben estar sujetos a sus dominios y caprichos”.

Ante esta situación, Pepe Álvarez reclama “más Europa” y más “autonomía estratégica”, para lo que exige que la industria se refuerce en varios ámbitos, como el energético, pero también “de defensa”. El líder de la UE dijo que si bien “seguramente causará cierta controversia”, consideró que “Europa debe fortalecerse desde una perspectiva de defensa para avanzar hacia ser capaz de hacer frente a posibles desafíos y posibles agresiones”, en referencia a Estados Unidos y Rusia.

Álvarez apunta a la economía, el Partido Laborista niega retraso

Entre las prioridades de la política laboral nacional, Pepe Álvarez advirtió al Gobierno que el decreto que endurece el registro de la jornada laboral es una “prioridad absoluta”.

El dirigente sindical insistió en que no había sido informado por el Gobierno de “la posición del decreto”, pero sostuvo que había leído en los medios que “estaba en el cajón económico” y que el ministerio de Carlos Corpos “no lo desmintió”. “Hago un llamado hoy al presidente del Gobierno para que tome en serio este tema tan importante para los trabajadores de nuestro país”, insistió Álvarez.

Fuentes del Ministerio de Trabajo niegan este retraso y recuerdan que la competencia para aprobar el decreto corresponde al departamento de Yolanda Díaz, no al económico. “Este proceso llevará tiempo”, insisten, “y no creemos que vaya a haber un retraso y mucho menos un bloqueo”.

El secretario de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, afirmó hace unos días que el registro de jornadas “es una prioridad absoluta” para el ministerio, aunque no dio ningún ámbito concreto para su aprobación. En el trabajo insisten en que fijar fechas es complicado, por lo que prefieren no hacerlo.

Tres meses después de que se aprobara el tratamiento de emergencia, fuentes laboristas dijeron que el código había recibido informes pendientes de ministerios y otros departamentos como la Autoridad de Protección de Datos “en diciembre”. “Ahora estamos a la espera de que el texto sea enviado al Consejo de Estado para que emita una valoración”, añadió el ministerio.

“En cuanto recibamos estos informes los elevaremos al Consejo de Ministros lo antes posible”, afirmó este lunes el “número dos” de Yolanda Díaz.

Salario mínimo y bonificación por determinar

Asimismo, instó al gobierno a aprobar rápidamente el decreto para que las empresas no puedan compensar el aumento del salario mínimo a través de bonos, lo cual, según dijo, efectivamente ha sido pactado con la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz. El año pasado, se comprometió ante CCOO y UGT a seguir adelante con la norma, y ​​Álvarez advirtió: “Con el paso de los días, esto no puede estar ahí para siempre”.

Si es posible, Pepe Álvarez pidió al Gobierno aprobar el decreto al mismo tiempo que se eleva el salario mínimo en 2026, que el Partido Laborista propuso aumentar hasta el 3,1% sin pagar el IRPF. El secretario general de UGT apoya el aumento, que mantiene el poder adquisitivo del salario mínimo, aunque admite que no ha cumplido con su exigencia de un aumento del 7,5% y la introducción de un impuesto sobre el salario mínimo.

Además, el dirigente de UGT destacó la necesidad de reforzar la negociación colectiva y dijo que en los próximos días presentará, junto con CCOO, las prioridades sindicales para el nuevo AENC (Convenio de Empleo y Negociación Colectiva), que expira a finales de 2025 y debe servir de guía para la negociación de los convenios colectivos nacionales. Esta es una negociación clave sobre aumentos salariales, entre muchas otras cuestiones, pero los empleadores no parecen querer abordar estas cuestiones en una atmósfera más alejada de los sindicatos porque tienen acuerdos bilaterales con el gobierno.

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