Una de las consignas para incrementar los beneficios del Hospital de Torrejón, un hospital público de gestión privada, es la reutilización de productos sanitarios de un solo uso. Los administradores despedidos denunciaron la situación en los canales éticos internos y así se describe en documentos obtenidos por El País, aunque un portavoz del grupo Ribera Salud, que gestiona el hospital, negó la práctica.
Todo forma parte del plan de Ribera Salud para incrementar beneficios, que salió a la luz cuando este periódico publicó un audio en el que el consejero delegado de la compañía, Pablo Gallart, instruye a aumentar la lista de espera y seleccionar actividades rentables para alcanzar un EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de “cuatro a cinco millones de euros”.
Tres miembros de la dirección sanitaria de la organización y el director del hospital de Torrejón presentaron denuncias en los canales éticos sobre estas órdenes y la orden de esterilizar los catéteres desechables. “Este comportamiento es ilegal y, según la ficha técnica, este material no se puede reesterilizar”, afirma la advertencia. Días después de presentarse estas denuncias, los cuatro firmantes fueron despedidos por Ribera Salud, pese a que la empresa aseguró que los despidos no tenían nada que ver con los incidentes.
El mencionado catéter se utiliza, entre otros, para procedimientos de electrofisiología y es una herramienta esencial en cardiología intervencionista para el diagnóstico y tratamiento de arritmias cardíacas. Pueden costar más de 2.000 euros.
Se trata de un dispositivo con un tubo flexible muy fino y electrodos en la punta que se introducen en el corazón a través de una vena o arteria para estudiar su actividad eléctrica desde el interior. En Europa, estos productos tienen una marca CE única.
Dichos materiales sólo pueden reutilizarse en hospitales si el reprocesamiento (incluidas todas las etapas de limpieza, desinfección y reutilización) lo realiza un fabricante de reprocesamiento que cumpla con todos los requisitos que le son aplicables (Reglamento nº 2017/745 y Real Decreto nº 192/2023).
Hasta 10 veces
Este diario ha podido saber que personal del hospital de Torrejón recibió instrucciones en sentido contrario. Siempre que estén en buen estado, serán desinfectados tras un máximo de 10 usos. Las directrices llegan dos semanas después de una reunión del 25 de septiembre en la que Garrett pidió a su personal que usara su “imaginación” para “identificar qué procesos no contribuyen al EBITDA (ganancias) de la empresa”.
Ignasi Anguera, jefe del departamento de electrofisiología del Hospitalet de Llobregat, explicó que todos los catéteres de electrofisiología que se venden en Europa son desechables y sólo hay una forma de reutilizarlos: enviarlos a una empresa para que los renueven y les vuelvan a poner el sello CE desechable.
“En la UE sólo hay uno, y está en Alemania. Algunos se descartan por exigencias de esterilidad, tecnología y eficiencia mecánica. Finalmente, se puede reintroducir una cierta proporción del producto. Si se cumplen los requisitos, se puede hacer varias veces, pero rara vez, entre dos y cuatro como máximo”, afirma Angella.
El Hospital de Bellvitge está inmerso en un esquema de reutilización habitual en otros países. Pero debe hacerse según procedimientos aprobados, con las medidas de seguridad adecuadas y, como dice el hospital, “mediante un exhaustivo sistema de limpieza y desinfección, así como hasta una veintena de pruebas mecánicas, microbiológicas y visuales, entre otras”. El resultado final es un catéter que se reincorpora a la cadena de suministro hospitalario con las mismas garantías, funcionalidad y marcado CE que nuevo.
En una denuncia presentada a través del canal ético del Grupo Ribera, los directivos despedidos advirtieron que las “malas prácticas” podrían perjudicar “la salud de los pacientes”. Uno de ellos, el director médico de Ribera Salud, se despidió en un correo electrónico de una veintena de personas, asegurando que no podía “ceder ante las amenazas de los administradores” y realizar prácticas peligrosas contra los usuarios del hospital.
Investigación en Torrejón
A la luz de una información publicada por El País esta semana, el Ministerio de Sanidad ha abierto una investigación por posibles irregularidades en el hospital de Torrejón de Aldoz. Gallart, director general de Ribera Salud, ha dimitido de la dirección del centro pero sigue en el grupo y ha anunciado una auditoría interna.
Algunas de las instrucciones que Garrett dio en su orden pueden ser incompatibles con las concesiones que recibió Ribera Salud para gestionar el centro público, como la elección de los procedimientos y el rechazo de los pacientes que “no aceptan el tratamiento”. capital“Caros, es decir, no pertenecen a la población influyente de unos 150.000 habitantes de Torrejón y pueblos cercanos.
El hospital se basa en un modelo de gestión inventado por el propio Grupo Ribera Salud e impulsado en la Comunidad Valenciana a finales de los noventa. Desde entonces se ha extendido a Madrid y Galicia, también gobernadas por el Partido Popular. Consiste en una empresa que construye un hospital y lo gestiona durante un tiempo determinado (30 años en el caso de Torrejón) a cambio de una tarifa fija que paga el Ministerio de Sanidad por atender a una población concreta. Esto significa que cuanto menos gaste en soporte y más ahorre en el proceso, mayores serán los beneficios.
A diferencia de otras ofertas, los servicios prestados no tienen ningún coste: la tarifa cubre todo el evento. Para poder cubrir todas las necesidades de los pacientes, el centro está integrado en la red pública. Sí, obtendrás ingresos adicionales por usuario “No capital”, es decir, dar servicios a residentes de otras zonas de Madrid que soliciten acudir a un hospital al amparo de la Ley de Libre Elección Comunitaria, que permite la elección de centros y especialistas.
El Gobierno de Madrid ha inyectado 88 millones de euros adicionales a Ribera Salud en los últimos cinco años para la gestión del Hospital de Torrejón. Además, tras una negociación, el grupo afirmó que sin esa cantidad no podría pagar la deuda adquirida en la inversión en Madrid, que ascendió a 124 millones de euros en 2022.
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