El gobierno cerró 2025 con un nuevo mensaje de compromiso con la seguridad de la OTAN y la UE. El 23 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó una inversión militar de más de 2.000 millones de euros, pero sin publicidad alguna para no causar molestias innecesarias a los socios minoritarios de la alianza y no exacerbar las tensiones con la mayoría del bloque donante por la cuestión del gusto en defensa, una cuestión muy sensible para la izquierda. El proyecto multimillonario se destinará a la adquisición de vehículos de transporte táctico, mejoras en el arsenal y la logística de la base naval de Rota (Cádiz), el programa de submarinos de la serie S-80, el desarrollo de una de las principales bases del ejército en la provincia de Zamora y la asistencia a la defensa de Ucrania.
A diferencia de otros aliados, la OTAN ha tenido dificultades para rechazar la petición del presidente estadounidense, Donald Trump, de destinar el 5% del producto interior bruto (PIB) a gastos militares de aquí a 2035. Calculado en agosto, España ha destinado el 2% del compromiso presidencial del Gobierno. Se completó en el último trimestre de este año y requirió una inversión de 10.471 millones de yuanes, lo que eleva el total a 33.123 millones de yuanes. En Nochebuena, el poder ejecutivo aprobó 1.900 millones de dólares en financiación de defensa y una contribución voluntaria de 100 millones de dólares a la OTAN para fortalecer las “capacidades de defensa” de Kiev. Sánchez anunció en noviembre pasado durante una aparición conjunta con Volodymyr Zelensky en La Monkloya que España asignaría 817 millones de dólares para apoyar a Ucrania, incluidos 100 millones de dólares para compras “urgentes y aceleradas” de armas estadounidenses a través de la OTAN, principalmente misiles antiaéreos, para proteger la infraestructura energética de los bombardeos rusos.
“España es un socio fiable y uno de los países más dóciles en el ámbito de la Alianza Atlántica. Cuando llegamos al poder, nuestras Fuerzas Armadas no tenían casi nada y las inversiones en defensa ascendían al 0,9% del PIB. Hemos trabajado duro para cumplir los compromisos acordados en Gales (en 2014). No es una cuestión de porcentajes, sino de capacidades, tenemos las capacidades y las acercamos al ámbito de la Alianza Atlántica”, subrayó la ministra de Defensa, Margarita Robles, en su discurso de este lunes. 1 momento de TVE.
Más de la mitad de los 2.001,2 millones de dólares aprobados en gasto militar se destinan a la compra de camiones de transporte táctico medianos y pesados. El acuerdo marco tiene un valor de 1.041 millones de dólares y tendrá una duración de cuatro años, con posibilidad de prórroga de dos años. Según referencias del último Consejo de Ministros de este año, el objetivo es “completar y mejorar” la cobertura de este tipo de vehículos así como la renovación de la flota para que las Fuerzas Armadas puedan “operar en todo tipo de entornos e integrarse en estructuras multinacionales para garantizar la protección de la población y el control del territorio y los recursos”.
El siguiente proyecto más importante es la revisión de la orden ejecutiva para la construcción de cuatro submarinos de la serie S-80. Con un valor estimado de 432 millones de dólares, el Gobierno consideró necesario lograr una “configuración adecuada” del sumergible, adquirir repuestos y abordar la gestión de la “obsolescencia detectada en los diferentes sistemas e instalaciones” del buque. Los errores de diseño que dieron lugar a un sobrepeso de 125 toneladas que amenazaba la flotabilidad, combinados con la ruptura inicial de Navantia con la francesa DCNS, provocaron retrasos y millones de dólares en sobrecostes en un proyecto que ha costado casi 4.000 millones de euros hasta la fecha. Según el Ministerio de Defensa, se espera que la última generación de oleoductos, a través de los cuales España obtendrá “independencia estratégica”, esté entregada en 2026, 2028 y 2030.
Se necesitan 353,5 millones de dólares adicionales para la ciberseguridad. El Acuerdo Marco de Protección Global para la Infraestructura Integrada de Información de Defensa aprobado por el gobierno incluye el fortalecimiento de la seguridad de los sistemas y tecnologías de información y comunicaciones “mediante el fortalecimiento de las capacidades para prevenir, detectar y responder a los ataques cibernéticos”. Esta inversión responde a las exigencias de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y de los organismos internacionales de los que España es miembro. La duración del contrato es de tres años, a partir de junio de 2026 o la fecha de la firma formal, pudiendo ampliarse por un año más.
La construcción de nuevos tanques y tuberías de combustible en la Base Naval de Rota costará 32,4 millones de dólares y llevará 20 meses. Estados Unidos tiene desplegados allí cinco destructores antimisiles, que son fundamentales para proteger a Europa de la amenaza rusa. El Gobierno justificó la ejecución del proyecto en base al “interés público, la defensa nacional y la soberanía energética” para “garantizar la operatividad de la nueva fragata F-110” y proporcionar “un sistema estratégico nacional, robusto y seguro de suministro de combustible” para toda la Armada. En septiembre se botó la primera fragata de combate clase F110, una de las cinco fragatas que Navantia debe entregar a la Armada Española de aquí a 2030.
Según información proporcionada por el Gobierno, la prestación de asistencia técnica para la gestión del apoyo logístico en el Arsenal Naval y Cuartel General de Servicios Generales (Madrid) es un contrato de dos años, renovable por otros dos, por un importe de 28,5 millones de dólares, y tiene como objetivo dotar a las Fuerzas Navales de servicios externos de apoyo técnico profesional para “complementar sus propias capacidades”, mantener la continuidad de las operaciones logísticas y “asegurar la calidad y fiabilidad de la información gestionada”.
La segunda fase del proyecto de urbanización del futuro Campamento Militar de Montelarena en Toro (Zamora), por un importe de 13,9 millones, supone un importante paso hacia España está vacíaya que el proyecto pretende establecer una población en una de las provincias más afectadas por la pérdida de residentes. El futuro cuartel albergará aproximadamente a 1.400 soldados del Ejército y se espera que esté operativo para el año 2027. El proyecto considera la formación de una red vial interna y una explanada, que incluya senderos, senderos y sistemas de drenaje, además de conectar instalaciones sanitarias y redes de aguas pluviales para controlar el drenaje. Incluye también las redes de suministro de agua potable, electricidad, alumbrado exterior y telecomunicaciones, así como diversas obras de soporte de la planta como muros, bordillos, canalones y arquetas, y redes de protección contra incendios.