Más de dos meses después, el Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maezitu, salió a criticar la gestión del Gobierno andaluz respondiendo a una petición del Gobierno andaluz tras una investigación de oficio iniciada tras el fracaso del programa andaluz de detección precoz del cáncer de mama. El material recibido fue “claramente insuficiente”, añadió, “y todavía no sabemos qué pasos o medidas están tomando”.
“No hemos recibido información del consejo de administración que recomendara que hiciéramos una auditoría”, afirmó este martes en una entrevista con la Cadena SER de Sevilla, por lo que “ahora no podemos proponer medidas para abordar este grave problema”. “Esta institución tiene la responsabilidad de cooperar de manera urgente y prioritaria”, argumentó. “Necesitamos recursos y tenemos que considerar qué pasó, cuáles fueron las razones del fracaso y, sobre todo, cómo solucionarlo”. Sin embargo, la respuesta del gobierno andaluz, encabezado por Juanma Moreno, fue eludir responsabilidad ante entidades independientes.
“No quiero pensar que esto es opaco”, afirmó el defensor, pero “esta respuesta no reúne los elementos necesarios”, como los protocolos vigentes cuando no se comunican los fallos de detección e incluso se desconoce el número total de personal capaz de atender miles de diagnósticos cada año. En este sentido, determinó que, muy probablemente, “hay que volver a solicitar los datos” para dar seguridad a la ciudadanía sobre los procesos que desencadenaron la crisis de salud pública en Andalucía.
Cuatro solicitudes fueron ignoradas
La Asociación Amama constató que los fallos en el cribado del cáncer de mama han afectado a un total de 2.317 mujeres, estimando la asociación que 336 mujeres padecen este tumor. Ángela Claverol, presidenta de la entidad, afirmó en un comunicado emitido este martes en Málaga que la provincia ha confirmado 30 nuevos casos afectados por la crisis sanitaria. Por ello piden que se revisen todas las reclamaciones patrimoniales presentadas al Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Ante lo sucedido, cabe recordar que el Defensor del Pueblo formuló en octubre cuatro preguntas a la comisión: en primer lugar, el número total de mujeres afectadas, y aclarar los criterios de no comunicación de los resultados de los programas de detección precoz del cáncer de mama, ya sea por protocolo o por instrucciones internas, y si se aplica a todo el sistema público o sólo a determinados centros.
Además, la operatividad de la atención se entiende entendiendo la carga de enfermería, el tiempo de respuesta o el número de profesionales disponibles para los servicios de radiodiagnóstico; el tercer bloque es la gestión y autoevaluación del proyecto; y finalmente el informe de evaluación en 2022, además de las funciones del Comité Asesor de Cribado Poblacional y Detección Temprana.
Primera investigación exhaustiva en 30 años
En su momento, el Defensor del Pueblo subrayó que era la primera vez en los 30 años de funcionamiento del programa de detección que se iniciaba una investigación de carácter general, en lugar de limitarse a casos individuales. Es decir, además de tener en cuenta la necesidad de compensar las pérdidas sufridas, existen buenas razones para iniciar un procedimiento y reconocer públicamente las deficiencias por la alarma social generada. Por ello ha recordado que los pacientes tienen derecho a conocer los resultados de cualquier prueba diagnóstica, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la Ley de Autonomía de Andalucía y la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente.
La investigación, realizada por una agencia independiente del Defensor del Pueblo designada por el parlamento andaluz, complementa las investigaciones sobre un programa que ha estado activo desde 1995 y realiza alrededor de 450.000 mamografías anualmente a mujeres de 49 a 71 años en un esfuerzo por mejorar los resultados y reducir la mortalidad. La Fiscalía ha iniciado una investigación para determinar si los errores tuvieron relevancia penal, en cuyo caso presentaría la correspondiente denuncia. Asimismo, tanto IU como Adelante han presentado denuncias por posible homicidio y conducta delictiva que incluye temeridad y falta de atención médica.
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