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El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha presentado este miércoles una nueva empresa pública de vivienda que sustituirá a Sepes como agencia de capital para la política pública de vivienda. A partir del próximo martes, cuando sea aprobada formalmente por el Consejo de Ministros, la nueva entidad se denominará Casa 47, en alusión al artículo 47 de la Constitución, que recoge el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna. “Esto es un avance del que no hay vuelta atrás y estamos haciendo algo bueno por España”, celebró Isabel Rodríguez, ministra del sector.

Fue necesario un año de arduo trabajo para llegar a este punto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en el último Congreso Federal del PSOE en diciembre de 2024 que su administración transformaría la actual entidad pública de suelo comercial, conocida como Sepes, en una nueva agencia responsable de supervisar y ejecutar todo el ciclo de construcción de viviendas. El proceso concluirá la próxima semana.

“Hemos dado un gran paso hacia la consolidación del Estado de Bienestar”, afirmó Rodríguez, destacando que todas las viviendas públicas que se construyan a través de esta nueva entidad mantendrán su estatus de protección de forma indefinida. “Lo que es inherentemente público debe seguir siendo público”, subrayó la ministra, que también anunció que su ministerio lanzará una oferta pública de venta con 100 millones de euros “lo antes posible” para poder añadir más viviendas a los parques que gestionará Casa 47.

Además, ha explicado que los contratos de arrendamiento que se firmarán para estas viviendas asequibles serán por un periodo de hasta 75 años, “de por vida”. Para ello es necesario garantizar que se cumplen los requisitos, ya que la firma inicial dará derecho a un contrato de arrendamiento de 14 años, que se renovará por 7 años posteriores (aunque el último tendrá una duración de 5 años, ajustándose a un periodo máximo de 75 años). En cada ampliación se comprueba si se mantienen las condiciones para continuar con la opción de vivienda pública.

Los principales requisitos para los inquilinos son que el alquiler cobrado por los interesados ​​esté entre 2 y 7,5 veces el IPREM (indicador de ingresos públicos a efectos múltiples), que es de 8.400 euros. Es decir, el ámbito de aplicación abarca a personas con unos ingresos totales anuales de 16.000 euros, hasta un máximo de 63.000 euros. Sin embargo, dentro del primer filtro económico también se sumarán otros filtros de carácter hereditario que el ministerio aún no ha especificado.

Con las restricciones, la agencia de vivienda espera beneficiar “hasta el 60 por ciento de la población”, además de los grupos más vulnerables, como los jóvenes. Como subrayó el ministro, esta fórmula beneficia también a la “clase trabajadora”. Los cálculos del ministerio consideran que los alquileres no superan el 30% de los ingresos medios del inquilino, que es la barrera acordada por la industria para los pagos garantizados y la adecuación de los recursos. Es por esto que el precio final de un arrendamiento se determinará en función de los ingresos medios de la zona.

60% de los beneficiarios

De esta forma, los precios públicos de alquiler que promueve Casa 47, que aspira a convertirse en un portal de búsqueda de propiedades como Idealista o Fotocasa, estarán muy por debajo del umbral actual, especialmente en ciudades donde la presión se ha disparado en los últimos años. La ministra afirmó que según cálculos de su ministerio, los precios que ofertarían las empresas cotizadas en Madrid serían un 38% inferiores a los actuales; Al igual que en Málaga, otra ciudad bajo presión, estas tasas se reducirían hasta a la mitad, hasta “entre 680 y 690 euros”.

Rodríguez ha asegurado que, en una promoción lanzada por la empresa, el criterio para calcular los precios del alquiler se basará “por primera vez” en “lo que los ciudadanos pueden pagar” y no en “su coste”, tras garantizar que los materiales de construcción “serán de primera calidad”. “Hay que planificar rigurosamente para ver dónde se necesita construcción o reparación y utilizar los recursos y la financiación para hacerlo”, afirmó el ministro. “Aquí ya no hay nadie”, concluyó.

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