Hace veinte años, el desordenado desarrollo de la autonomía en España se vio obstaculizado por la llamada “Cláusula Campos”, una cláusula propuesta por el entonces presidente en el nuevo estatuto valenciano para que la comunidad asumiera cualquier poder transferido a otra comunidad. El gobierno invocó un espíritu similar el martes, reaccionando con floritura al acuerdo aeroportuario entre el gobierno central y Bascardí: “Ninguna comunidad tiene más poder que Cataluña”.
La implicación del Gobierno en la gestión de los aeropuertos de Cataluña no es ninguna novedad. Esta reivindicación se ha expresado de forma intermitente en el pasado y se ha convertido en una reivindicación habitual del catalanismo desde que comenzó la polémica por la ampliación de El Prat en la última legislatura.
Sin embargo, el modelo de gestión de los aeropuertos españoles a través de Aena dificulta la entrada en administración de las regiones. El acuerdo de licencia entre El Salvador y ERC prevé la creación del Consejo Gestor Aeroportuario, un organismo bilateral, para que el gobierno tenga voz en la gestión del aeropuerto, y la nueva Autoridad Aeroportuaria de Cataluña, donde el gobierno desempeñará su papel en el nuevo modelo de gobernanza.
Pero ese deseo se vio acelerado por dos problemas: por un lado, el acuerdo con Bascardi. El PSC y ERC, en cambio, buscan trofeos que Oriol Junqueras pueda recoger a cambio de aprobar un presupuesto separado de la administración del IRPF de Cataluña.
Respecto al acuerdo con el Gobierno vasco, tras la visita del lehendakari Pradales a Moncloa el pasado viernes se anunció la creación de una nueva agencia bilateral que permitirá al País Vasco participar en decisiones en materias como inversiones, ordenación territorial y ordenación urbanística. Una vez firmado, el acuerdo permitirá a Bascardi presentar informes sobre tres temas y presidir la nueva agencia de forma rotativa.
El acuerdo motivó a Aena a emitir un comunicado, en el que recordó que la competencia exclusiva en materia aeroportuaria es del Estado. Además, expresó su preocupación de que la información de que la Administración vasca estuviera implicada en la gestión de los tres aeropuertos despertara sospechas entre los accionistas de Aena. El gestor del aeropuerto abrió la puerta a la vía judicial para defender sus competencias.
Pese a lo limitado del acuerdo firmado con Bascardí, Cataluña ve esta evolución en materia aeroportuaria como una oportunidad. Para ERC, la idea de avanzar en la gestión conjunta catalana de Prat, Reus y Girona es muy tentadora y ha sido señalada más de una vez por la dirección republicana.
De hecho, el Gobierno aprobó el pasado mes de enero la nueva Autoridad Aeroportuaria de Cataluña. La idea es que la Dirección General, que ya tiene competencias sobre aeropuertos más pequeños como el de Alguael (Lleida) o el de Andorra Lazu, pueda mantener un diálogo cara a cara con todos los actores del tráfico aéreo.
El Gobierno no niega que el modelo aeroportuario vuelve a estar en el punto de mira en su vuelta a la mesa de negociación con ERC para sacar adelante el presupuesto. La portavoz diputada Sílvia Paneque afirmó: “Hemos estado estudiando este tema durante semanas y meses. De hecho, la situación actual en el aeropuerto de Bascardí tiene poco que ver con nuestro aeropuerto”.