Suecia, miembro de la Unión Europea y del área Schengen que garantiza la libre circulación de personas, comenzó a imponer nuevas y duras restricciones en junio para frenar la inmigración y hacer más difícil la obtención de la ciudadanía. Quienes quieran integrarse deberán obtener ocho años de residencia, tres más que la actual, además de aportar una cuenta nómina con unos ingresos mensuales de al menos 1.900 euros y demostrar conocimientos de la lengua, la sociedad y las instituciones del país. Suecia, que durante décadas ha sido un modelo de socialdemocracia y un faro de buena voluntad, no ha cerrado sus puertas a la gente del extranjero, sino que ha endurecido los requisitos para garantizar su integración. Como miembro de la UE y del Espacio Schengen, España ha hecho lo contrario, anunciando con urgencia regularizaciones masivas y casi sin formalidades, y Pedro Sánchez anteponiendo los intereses personales al interés público, avivando la marea del radicalismo.
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