Nuevos avances para la familia Caso de residencia: Un juez ha pedido al redactor principal del acuerdo de clasificación que proporcione pruebas escritas de sus objeciones a las partes que considera discriminatorias, afirmó el miércoles un abogado de la asociación familiar. La petición se produjo después de que el autor, el doctor Javier Martínez Peromingo, reiterara ante el juzgado de Collado de Villalba lo que había dicho el día anterior en otra vista judicial en Plaza de Castilla. Peromingo, que aún no ha comparecido ante los medios de comunicación, está imputado en siete juzgados de la Comunidad de Madrid por muertes ocurridas durante la primera ola de la pandemia sin hospitalización.
La afirmación de Peromingo podría ser crítica porque lo que se decide es si se comete discriminación en la prestación de un servicio público, en este caso la salud. Peromingo culpó a Carlos Mur, el máximo funcionario de salud que le encomendó hacer cumplir los protocolos, según informaron los abogados de la familia el martes y miércoles. También fue acusado en ambas demandas, pero no compareció ante el tribunal en ninguno de los casos. Según dijo a El País, no fue notificado pero se mostró dispuesto a cooperar porque “la familia merece saber toda la verdad”. Otro investigador, Pablo Busca, gerente de la ambulancia Summa 112, tampoco se presentó.
Carlos Castillo, abogado de la familia, dijo a los medios: “Volvió a señalar a Carlos Moore como el responsable de estos acuerdos”. Dijo que Peromingo calificó de excluyentes y discriminatorios los criterios de ingreso al hospital contenidos en las tres versiones anteriores del acuerdo (18, 20 y 24 de marzo de 2020), no así la última versión del 25 de marzo.
Todos los protocolos de residencias de ancianos recomiendan excluir de la hospitalización a los pacientes con dependencia física o mental, pero la primera versión del protocolo utilizaba la escala de Barthel, que medía la autonomía del paciente de 1 a 100, mientras que la última versión introdujo una escala de vulnerabilidad de 1 a 9.
“Dijo que los documentos que le enviaron al señor Moore, que establecían un conjunto de estándares de trato para las personas que vivían en las residencias, eran diferentes a los documentos que el señor Moore envió posteriormente en un correo electrónico y que, según ellos, eran discriminatorios”, dijo Castillo.
Castillo agregó que Peromingo también habló de cómo los geriatras de los hospitales como él, quienes eran responsables de aplicar el triaje, supieron por Moore que el tratamiento médico se brindaría en los hogares, pero eso no sucedió. “Debido a su conocimiento de la zona, no tenía constancia de que ningún médico o personal sanitario de ningún tipo fuera remitido a las residencias”.
El caso de Collado Villalba se refiere a la muerte de Luis Yanci, de 72 años, en la residencia de Sanitas Torrelodones pero no siendo trasladado al hospital Puerta de Hierro.
(Noticias de última hora. Ampliada)
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