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La novena mesa de negociación entre la ministra del Sindicato de Educación, Carmen Orti, y su equipo tuvo un final abrupto debido al confinamiento temporal. A pesar de que el responsable del sector educativo levantó la sesión apenas una hora y cuarto después de iniciada la reunión, representantes de STEPV, CCOO y UGT aún se levantaron y permanecieron en el edificio de la avenida Campanar de Valencia, a la espera de respuestas a sus demandas para reiniciar las negociaciones en materia salarial, que habían concluido entre el Gobierno autonómico y los sindicatos minoritarios CSIF y ANPE.

Pasadas las 22.30 horas, la consejera citó a su despacho a representantes de las tres organizaciones. En la reunión, Orti confirmó que no se reabrirán las negociaciones salariales e instó a los oradores a abandonar el espacio público. Sin embargo, los dirigentes sindicales decidieron ignorar el pedido y permanecer en el edificio por tiempo indefinido. En el edificio también permanecieron miembros del departamento y representantes de otros dos sindicatos – CSIF difundió un vídeo en el que su portavoz José Seco pedía que se les permitiera salir del edificio.

Sin embargo, los representantes sindicales de las tres plataformas que convocaron la huelga abandonaron la fábrica alrededor de la medianoche después de recibir la orden, que les advertía que si no salían de la fábrica podrían ser sancionados por graves infracciones, que podrían derivar en la inhabilitación y separación, “es decir, la pérdida de nuestros puestos de trabajo”. A la salida se encontraron con los profesores reunidos fuera del departamento.

El propio portavoz de STEPV, Marc Candela, confirmó la situación en el seno del Ministerio de Educación: “La congresista nos recibió en su despacho y nos dijo que no reabrirá las negociaciones salariales”. Asimismo, Candela denunció públicamente la fuerte presión ejercida por el Gobierno para obligarles a desalojar el edificio de Campanar, afirmando tajantemente: “En realidad nos están amenazando y obligando a salir, pero no lo haremos”.

Hace unas horas, los representantes del magisterio propusieron a los parlamentarios mantener negociaciones directas con el ministro de Hacienda, José Antonio Rovira, sobre el tema salarial para estudiar la viabilidad de una contraoferta. Las cuestiones salariales son el tema más rechazado en las negociaciones docentes. Esta exigencia motivó la decisión de Orti de dar por terminada unilateralmente la asamblea de accionistas y luego recibirlos en su despacho para ratificar su postura.

La concejala compareció ante los medios de comunicación antes de una reunión con un portavoz sindical para advertir que su departamento no tomaría decisiones “bajo presión ni para ocupar espacios”. Orti sostuvo que la propuesta de incremento salarial es “un muy buen negocio” y reiteró que el bloque no se reabrirá bajo ningún concepto tal y como ha sido firmado por CSIF y ANPE, y llamó a otras organizaciones a que lo avancen específicamente en la mesa sectorial temática, que comienza este lunes.

Por el contrario, la mayoría de los sindicatos protagonistas de las acciones de confinamiento insistieron en que era “necesario” contar con un documento básico digno que recogiera de forma integral todas las cuestiones del conflicto para poder frenar la huelga. Los representantes de los trabajadores recuerdan que el 91% del profesorado valenciano ha rechazado el actual borrador y el 94% se opone al acuerdo salarial que el sector pretende proteger como cerrado, por lo que consideran inviable continuar las negociaciones pese al revuelo de la base.

A medida que la mesa de negociaciones se puso en marcha, las tensiones se trasladaron fuera del lugar. Cientos de docentes cubrieron el confinamiento a través de diferentes acciones como plantones y cadenas humanas rodeando las instalaciones del departamento en protesta por el confinamiento institucional, y las protestas continuaron durante toda la noche en apoyo a la movilización.

Las movilizaciones en la vía pública se han desarrollado pacíficamente durante las últimas tres semanas, pero este domingo por primera vez los agentes antidisturbios tomaron una acción policial desproporcionada. La delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana ha anunciado una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades del violento empujón que un agente de la Policía Nacional sufrió contra un profesor sobre el asfalto, un hecho que las autoridades calificaron de “inaceptable”.

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